1. Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2017 a los 22 programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño y que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2017 de 65 mil 067 millones de pesos.

Al aprobar el presupuesto de un programa los diputados se convierten en corresponsables de su desempeño. En el proyecto de presupuesto de egresos 2017, el Ejecutivo Federal propone la continuidad de éstos programas, proponiendo una asignación conjunta de 65 mil 067 millones de pesos (12.8% del total del presupuesto propuesto a los programas y acciones federales de desarrollo social para el ejercicio fiscal 2017) a programas que, de acuerdo con los resultados del INDEP, presentan graves problemas de opacidad. Para evitar que se siga asignando el presupuesto a ciegas, la Cámara de Diputados está obligada a introducir candados de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2017 a los 22 programas presupuestarios que actualmente presentan esta misma condición.

2. No aprobar la reducción de presupuesto del 6.9% propuesta por la SHCP a los 11 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo (10 mil 256 millones menos que en 2016).

En términos presupuestarios, estos programas se caracterizan por haber alcanzado un Nivel Óptimo de Desempeño bajo sus actuales condiciones de implementación y presupuestales. Por lo tanto, se recomienda preservarlas. Esto significa incrementos presupuestales en proporción al crecimiento de su población potencialmente beneficiaria. Cualquier incremento superior a dicho criterio es también un uso ineficiente de recursos públicos. Igualmente, cualquier recorte al presupuesto de alguno de los programas que integran esta categoría, puede minar su desempeño durante el siguiente ejercicio fiscal.

3. No aprobar la reducción de presupuesto del 6.8% propuesta por la SHCP a los 5 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño (6 mil 411 millones menos que en 2016).

Este conjunto de 5 programas garantizan que un incremento significativo en su presupuesto se traducirá en una alta relación valor por dinero del presupuesto público federal. Cada peso invertido en ellos será una inversión social justificada en tanto que son los programas con mayor potencial para resolver el problema público que atienden si incrementan de forma significativa la cobertura de su población potencialmente beneficiaria.

Sin embargo, la propuesta presupuestaria del Ejecutivo Federal muestra que, contrario a la recomendación expresada en este documento, basada en evidencia públicamente disponible, se propone recortar en 6 mil 411 millones de pesos (-6.9% con respecto al presupuesto aprobado en el PEF 2016), a este conjunto de programas.

4. No incrementar el presupuesto a 24 programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

La evidencia del INDEP 2016 muestra que existen 24 programas que poseen Niveles de Desempeño Mejorable o Escaso, los cuales el Ejecutivo Federal propone para el ejercicio fiscal 2017 una asignación presupuestaria conjunta por 153 mil 154 millones de pesos. Estos programas son idóneos para que el Congreso condicione su asignación presupuestal (aún sin incrementos) a una agenda de mejora sustantiva para alcanzar niveles aceptables en su desempeño. Dicha agenda debe ser pública, incluir acciones concretas y con tiempos de implementación y reporte de avances precisos, de tal forma que se facilite su monitoreo por parte del propio Congreso y de las organizaciones de sociedad civil interesadas.

5. Exigir al Ejecutivo Federal una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de dispersión, la cual se refleja en 22 programas sociales con una muy baja cobertura.

22 de los 157 programas que para el ejercicio fiscal 2016 el Ejecutivo federal propone su continuidad (14%), se ubicaron en la categoría de “Dispersión de la Política Social” del gobierno federal. El Ejecutivo Federal, en su propuesta programática y presupuestaria para 2017, contempla mantener su implementación. Dicha decisión contraviene la evidencia sobre desempeño que muestra la baja capacidad de estos programas para contribuir de forma sustantiva a la resolución del problema público que les dio origen. El Congreso debe hacer un llamado al Ejecutivo Federal para realizar una revisión integral de su política social, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento presupuestal sustantivo para incrementar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes.

6. Considerar la reorientación del Gasto Social Federal hacia los programas dirigidos a los sectores más vulnerables.

De acuerdo con la evidencia disponible, el gasto orientado a los programas y acciones federales de desarrollo social, categorizados como de Protección Social y Safety Nets, ha sido en promedio de 46.7%, mientras que las restantes categorías, Mercado Laboral Activo y Para Garantizar otros Derechos Sociales, han recibido una proporción ligeramente superior (52.8%), por lo que, ante las complejas condiciones macroeconómicas resultaría conveniente que una mayor proporción del gasto se oriente hacia aquellos programas cuyo objetivo se centra en que las personas más vulnerables puedan prevenirse y protegerse de los diversos riesgos y crisis (económicas, sociales, ambientales, etcétera).

Conclusiones

A partir de la revisión de la evidencia derivada del INDEP se desprende lo siguiente:

  • Bajo las actuales condiciones de implementación, el 84.7% (133 de los 157) de los programas sociales del gobierno federal, que representan el 59.1% del total del presupuesto aprobado en 2016 a este tipo de programas no están en condiciones de resolver el problema público que les dio origen, lo que limita fuertemente la capacidad del gobierno para incidir de forma positiva en la reducción de brechas sociales de pobreza.
  • A pesar de que el mensaje del Ejecutivo Federal señala que el ajuste presupuestario para el PEF 2017 no se concentraría en los programas sociales federales, el 38% del total del recorte propuesto por la SHCP se encuentra en los programas y acciones federales de desarrollo social (91 mil 380 millones).
  • El recorte propuesto, muestra un uso marginal de la evidencia sobre el desempeño y transparencia de los programas sociales federales, se propone disminuir por igual a los programas con desempeño destacado que a aquéllos con desempeño escaso (6% para ambos casos), mientras que la reducción a los programas opacos es solo marginalmente superior (9%).
  • La mayor proporción del recorte propuesto a los programas sociales federales (48%), se orienta a los programas ubicados por el INDEP como de “Dispersión programática y presupuestal”, lo cual ocasionará una mayor fragmentación de la política social, reduciendo su impacto e incrementando el riesgo de su uso electoral.
  • El ajuste presupuestario, pone en riesgo la protección a los sectores más vulnerables. Poco menos de la mitad del gasto social se destina a programas de protección social y redes de seguridad social (46.7% en promedio durante el periodo 2012-2016). Este tipo de programas son los que más y mejores efectos positivos generan en las poblaciones más vulnerables).