Recomendaciones

Introducción

Con base en la evidencia del INDEP 2017, GESOC hace seis llamados a la Cámara de Diputados para dotar de mayor racionalidad a las asignaciones presupuestales de los programas y acciones federales de desarrollo social, fortalecer su transparencia y rendición de cuentas y orientar las asignaciones presupuestarias hacia las carencias sociales más apremiantes:

1. Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2018 a los 25 programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 90 mil 482 millones de pesos.

Al aprobar el presupuesto de un programa los diputados se convierten en corresponsables de su desempeño. En el proyecto de presupuesto de egresos 2018, el Ejecutivo Federal propone una asignación conjunta de 90 mil 482 millones de pesos (10.1% del total del presupuesto propuesto a los programas y acciones federales de desarrollo social para el ejercicio fiscal 2018) a programas que, de acuerdo con los resultados del INDEP, presentan graves problemas de opacidad. Para evitar que se siga asignando el presupuesto a ciegas, la Cámara de Diputados está obligada a introducir candados de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2017 a los 25 programas presupuestarios que actualmente presentan esta condición.

2. Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 14 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 139 mil 980 millones de pesos.

En términos presupuestarios, estos programas se caracterizan por haber alcanzado un Nivel Óptimo de Desempeño bajo sus actuales condiciones de implementación y presupuestales. Por lo tanto, se recomienda preservarlas. Esto significa incrementos presupuestales en proporción al crecimiento de su población potencialmente beneficiaria. Cualquier incremento superior a dicho criterio es también un uso ineficiente de recursos públicos. Igualmente, cualquier recorte al presupuesto de alguno de los programas que integran esta categoría, puede minar su desempeño durante el siguiente ejercicio fiscal.

3. Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 10 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2018 de 209 mil 469 millones de pesos.

Este conjunto de 10 programas garantizan que un incremento significativo en su presupuesto se traducirá en una alta relación valor por dinero del presupuesto público federal. Cada peso invertido en ellos será una inversión social justificada en tanto que son los programas con mayor potencial para resolver el problema público que atienden si incrementan de forma significativa la cobertura de su población potencialmente beneficiaria.

Sin embargo, la propuesta presupuestaria del Ejecutivo Federal muestra que, contrario a la recomendación expresada en este documento, basada en evidencia públicamente disponible, se propone un aumento de 2 mil 893 millones de pesos +1.4% con respecto al presupuesto aprobado en el PEF 2017) a este conjunto de programas, lo que limita su capacidad para aumentar su cobertura de forma sustantiva.

4. No incrementar el presupuesto a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

La evidencia del INDEP 2017 muestra que existen 44 programas que poseen Niveles de Desempeño Mejorable o Escaso, los cuales el Ejecutivo Federal propone para el ejercicio fiscal 2018 una asignación presupuestaria conjunta por 312 mil 059 millones de pesos. Estos programas son idóneos para que el Congreso condicione su asignación presupuestal (aún sin incrementos) a una agenda de mejora sustantiva para alcanzar niveles aceptables en su desempeño. Dicha agenda debe ser pública, incluir acciones concretas y con tiempos de implementación y reporte de avances precisos, de tal forma que se facilite su monitoreo por parte del propio Congreso y de las organizaciones de sociedad civil interesadas.

5. Exigir al Ejecutivo Federal una revisión integral de su política social para evitar los actuales niveles de dispersión.

33 de los 136 programas que para el ejercicio fiscal 2017 el Ejecutivo federal propone su continuidad (24.3%), se ubicaron en la categoría de “Dispersión de la Política Social” del gobierno federal. El Ejecutivo Federal, en su propuesta programática y presupuestaria para 2018, contempla mantener su implementación. Dicha decisión contraviene la evidencia sobre desempeño que muestra la baja capacidad de estos programas para contribuir de forma sustantiva a la resolución del problema público que les dio origen. El Congreso debe hacer un llamado al Ejecutivo Federal para realizar una revisión integral de su política social, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento presupuestal sustantivo para incrementar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes.

6. Considerar una revisión profunda para reorientar el Gasto Social Federal hacia los programas dirigidos a los sectores más vulnerables y aquellos afectados por los recientes desastres naturales.

De acuerdo con la evidencia disponible, el gasto orientado a los programas y acciones federales de desarrollo social, categorizados como de Protección Social y Safety Nets, ha sido en promedio de 50.8%, mientras que las restantes categorías, Mercado Laboral Activo y Para Garantizar otros Derechos Sociales, han recibido una proporción ligeramente inferior (49.2%), por lo que, ante las actuales condiciones de vulnerabilidad aún prevalecientes en la población en general como en aquellas que han sido afectadas recientemente por diferentes siniestros, resultaría conveniente que una mayor proporción del gasto se oriente hacia aquellos programas cuyo objetivo se centra en que las personas más vulnerables puedan prevenirse, protegerse y recuperarse de los diversos riesgos y crisis (económicas, sociales, ambientales, etcétera).

Conclusiones

A partir de la revisión de la evidencia derivada del INDEP se desprende lo siguiente:

  • La información agregada muestra que el desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social no se ha modificado sustancialmente en lo que va de la actual administración federal, de 2012 a 2017, un porcentaje promedio del 82.9% de los programas analizados mostraron un Nivel de Desempeño Mejorable, Escaso, Dispersión o bien, con altos niveles de opacidad. Bajo las actuales condiciones de restricción de recursos del Presupuesto Público Federal se requiere, rumbo al periodo 2018-2024 de la siguiente administración federal, una revisión profunda, no sólo del gasto público destinada a los programas y acciones estatales de desarrollo social, sino del paradigma que sustenta el sistema de desarrollo social federal en su conjunto.
  • Con base en lo anterior, se identifica que la evidencia sobre el desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social, se utilizó durante la actual administración federal de forma marginal para la elaboración de la propuesta anual presupuestaria del Ejecutivo, así como en el proceso de aprobación de los recursos públicos por parte de la Cámara de Diputados. El aumento de presupuesto propuesto para 2018 al conjunto de programas con Niveles de Desempeño Óptimo y de Alto Potencial (1.3%), es de una proporción similar a las de los programas que representan la Dispersión programática y presupuestaria del Ejecutivo Federal, esto es, 1.7%. El aumento promedio a los programas de “Caja Negra” y de Nivel de Desempeño Escaso es del doble que al conjunto de programas mencionados anteriormente (4.85%), e incluso al porcentaje de inflación anual esperado por la SHCP para el 2018 (3.0%).
  • La propuesta de asignación de recursos presupuestarios del Ejecutivo Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, no está apegada a la evidencia sobre su desempeño y debe ser revisada a cabalidad por la Cámara de Diputados a la luz de los recientes desastres naturales ocurridos en diferentes entidades como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, para valorar la pertinencia de un ajuste de recursos de programas de protección social, y redes de seguridad social que permita aliviar las carencias surgidas de dichos eventos, tanto en población que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad antes de los siniestros, como aquella que ahora también presenta carencias debido a los efectos de los fenómenos naturales.